Cáritas Venezuela y otras entidades del país aportan sus informes sobre la vulneración de derechos humanos.
El Gobierno venezolano se enfrenta hoy, 25 de enero, en Ginebra al Examen Periódico Universal (EPU) ante Naciones Unidas, en el que debe mostrar los avances impulsados en la garantía de los Derechos Humanos.
En el marco de este Examen, las organizaciones venezolanas de la sociedad civil, entre las que se encuentra Cáritas Venezuela, enviaron 115 informes que abordan un total de 34 temas sobre situaciones, problemáticas, abusos y violaciones derechos humanos en el país, con el fin de brindar información de primera mano a los Estados que deseen participar como evaluadores.
9 millones de personas sufren inseguridad alimentaria
Desde el último EPU (noviembre de 2016), el país ha alcanzado la cifra de 9 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria severa. La inflación ha sido particularmente intensa para los alimentos. El coste de la cesta básica ha tenido incrementos interanuales de más del 2000%, mientras que el poder adquisitivo alimentario del salario mínimo oficial no llega al 2% de los alimentos que necesita una familia tipo.
Cáritas Venezuela, que ha centrado su aportación al EPU en el acceso al derecho a la alimentación, está respondiendo a la crisis humanitaria por la que atraviesa el país enfocándose en los capítulos de nutrición, alimentación y salud de menores y mujeres embarazadas y lactantes, acceso al agua potable de las familias en situación de mayor vulnerabilidad y apoyo a personas desplazadas en el interior del país.
844.000 personas atendidas por Cáritas Venezuela
Hasta la fecha, Cáritas Venezuela ha atendido a más de 844.000 personas a través de su red de Cáritas Diocesanas. Además, ha desarrollado un Sistema de Monitoreo Centinela de la Desnutrición Infantil y la Seguridad Alimentaria Familiar para contrarrestar la escasez de datos oficiales actualizados, y publica un Boletín periódico que puede consultarse aquí.
Junto a esta respuesta humanitaria, Cáritas Venezuela desarrolla acciones de incidencia ante organismos de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales. Estas acciones las lleva a cabo de la mano de la red de Cáritas Internationalis y otras organizaciones de la sociedad civil venezolana.
Apoyo de Cáritas Española
Cáritas Española, además de contribuir económicamente a la respuesta humanitaria en el país, ha hecho llegar al gobierno de España el informe sobre la vulneración del Derecho a la Alimentación elaborado por Cáritas Venezuela de cara al EPU y que incorpora una serie de demandas al Gobierno venezolano. Entre estas cabe destacar las siguientes:
1. Adoptar medidas inmediatas para facilitar la asistencia humanitaria, usando el máximo de capacidades y recursos nacionales e internacionales.
2. Disponer del máximo de sus capacidades y recursos disponibles, nacional e internacionalmente, para satisfacer las necesidades de alimentos de la población bajo su tutela, especialmente hospitales, entidades de protección de población en situación de dependencia y cárceles, así como permitir el libre acceso a estas instituciones a agencias internacionales humanitarias para evaluar y apoyar la satisfacción de estas necesidades.
3. La publicación regular de datos actualizados sobre los procesos del sistema alimentario venezolano y el estado nutricional de la población, así como de estadísticas de escasez, producción nacional, inflación y pobreza.
4. Aceptar una visita del Relator del Derecho a la Alimentación al país para que valore en terreno los riesgos de inseguridad alimentaria, incluidos la malnutrición infantil.
El año 2022 puede ser un año clave en el futuro de Venezuela teniendo en cuenta el proceso de diálogo abierto entre Gobierno y oposición y los resultados favorables a la oposición en las últimas elecciones regionales.
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