Desde Cáritas Diocesana de Salamanca nos sumamos a esta carta abierta a los responsables políticos para proteger el derecho a la educación frente al COVID-19.
Manifiesto de las organizaciones de la sociedad civil en defensa de una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todas las personas frente a la crisis del coronavirus. #LaMejorLección
La pandemia global provocada por la propagación de la COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, que está teniendo también graves consecuencias para el derecho a la educación. A mediados de abril, más de 1.500 millones de niños, niñas y jóvenes de 188 países (más de 10 millones en España)1 no podían acudir a los centros educativos Esta situación es motivo de gran preocupación para las comunidades educativas y las organizaciones de la sociedad civil, especialmente porque afecta en mayor medida a las familias, comunidades y países más vulnerables del mundo.
El cierre de los centros educativos ha puesto de manifiesto de forma muy cruda la brecha de desigualdad existente en el acceso a una educación equitativa, inclusiva y de calidad, tanto en España como en el resto del mundo y, si no se adoptan medidas valientes e innovadoras, corremos el riesgo de que esta brecha se amplíe aún más.
Valoramos las políticas puestas en marcha para paliar estas carencias pero, para millones y niños, niñas y jóvenes de todo el mundo, la escolarización a distancia no es una opción. La brecha digital2 es uno de los principales motivos, aunque no el único. La falta de acceso a los centros educativos no tiene repercusiones tan sólo en términos de transmisión de conocimientos y mayor riesgo de abandono escolar, sino en otros aspectos tanto o más importantes, como pueden ser los problemas nutricionales, el riesgo de aislamiento social y la ausencia de protección frente a la violencia. Por último, esta crisis está sometiendo a una enorme presión a los sistemas educativos y especialmente al personal docente, que está asumiendo una carga de trabajo mucho mayor para la que no siempre está preparado.
Por otro lado, si esta crisis nos ha dejado alguna certeza, es ésta: los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad son globales, y tan sólo podremos superarlos a través de soluciones globales y planteadas desde lo colectivo. Todo ello ha vuelto a poner en valor el papel imprescindible de la educación como herramienta para construir sociedades basadas en el espíritu crítico y el sentido cívico, así como la importancia de reforzar los procesos de educación para la ciudadanía global como mecanismo para dotar a los ciudadanos y ciudadanas de las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para ser más conscientes de su corresponsabilidad frente a los desafíos comunes, y para difundir valores como la solidaridad, la empatía, sin los que no podríamos abordar ésta y otras crisis.
En este contexto, la Campaña Mundial por la Educación ha lanzado la iniciativa #LaMejorLección, que cuenta con la adhesión de otras organizaciones y redes del sector, y a través de la cual estamos recogiendo las reflexiones y aprendizajes de la ciudadanía en este periodo excepcional, especialmente en lo que se refiere al derecho a la educación. El objetivo es elaborar un documento que recoja todas estas lecciones y permita a orientar la respuesta política a esta crisis en el ámbito educativo, y así contribuir a garantizar la necesaria participación de la sociedad civil en general y la comunidad educativa en particular en estos procesos.
Por todo ello, y en el marco de la #LaMejorLección, los colectivos y entidades firmantes reclamamos que el derecho a una educación equitativa, inclusiva y de calidad sea una prioridad política y social, tanto en la gestión de esta crisis como en los planes de recuperación posteriores, lo cual requiere que se asignen los recursos humanos y económicos necesarios, tanto a través del presupuesto de educación en España como de la AOD destinada a educación. En este sentido, recomendamos a los y las responsables políticos/as la adopción de las siguientes medidas, con el objetivo de garantizar el acceso de todas las personas a una educación equitativa, inclusiva y de calidad:
A NIVEL NACIONAL
1. Adopción y aplicación de medidas para asegurar la continuidad de la educación, en base a los estándares mínimos de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia. Identificar a los colectivos y comunidades que tienen dificultades para continuar con su proceso de escolarización a distancia y poner en marcha medidas que permitan subsanar esta carencia.
2. Adoptar medidas de apoyo al profesorado, de manera que el personal docente cuente con los medios y el apoyo necesarios para garantizar la calidad de la enseñanza en este contexto, y mantener estas medidas tras la reapertura de los centros educativos.
3. Priorizar la educación tanto en la primera fase de la respuesta de emergencia ante la COVID-19, como en los planes de recuperación posterior, que deben incluir el incremento de recursos humanos y económicos.
4. Puesta en marcha de iniciativas de apoyo psicosocial para ayudar al alumnado a gestionar esta situación de la mejor manera posible, tanto durante el periodo de confinamiento como una vez superada la crisis.
5. Fomentar y reforzar los programas y procesos de educación para la ciudadanía global como forma de dotar a la población de herramientas, habilidades y conocimientos indispensables para dar respuesta a esta crisis.
6. Establecer mecanismos de vigilancia ante posibles casos de discriminación relacionados con la COVID-19. Las escuelas deben ser espacios seguros y de convivencia donde primen el bienestar y la protección.
A NIVEL INTERNACIONAL
7. Recuperar la importancia de la cooperación como política pública, cumpliendo con el compromiso adquirido de incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española hasta el 0,5% de la RNB en 2023,3 y seguir avanzando hacia la senda del 0,7%.
8. Aumentar la ayuda destinada a la educación básica, el sector que ha sufrido recortes más duros (un 90%) desde la crisis de 2008. Así, pedimos que se asigne a la partida de educación básica al menos un 8% de la AOD española.
9. La educación en situaciones de emergencia debe ser un pilar fundamental de la ayuda humanitaria. Por eso, reclamamos que España incremente el porcentaje del presupuesto de ayuda humanitaria destinado a la educación hasta llegar a, al menos, un 6% del mismo, en consonancia con las prácticas recientes de la UE y el conjunto de la comunidad internacional.
10. Nos unimos a la demanda de la práctica totalidad de ONG de cancelar de manera inmediata, sin penalización ni intereses, los pagos de la deuda externa de los países en desarrollo al menos en 2020. Así, estos países podrían disponer de más recursos para dar respuesta a los retos que plantea la crisis de la COVID-19, también en el ámbito educativo.
Esta crisis pasará, pero no podemos correr el riesgo de que, cuando lo haga, los niños y niñas más vulnerables se hayan quedado fuera de los sistemas educativos o partan de una situación de desventaja. En este sentido, la Agenda 2030 sigue estando más vigente que nunca: unidos y unidas, tenemos que hacer todo lo posible para no dejar a nadie atrás.
CARTA PROMOVIDA POR LA CAMPAÑA MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA Y EL MOVIMIENTO POR LA EDUCACIÓN TRANSFORMADORA Y LA CIUDADANÍA GLOBAL
Colabora
Cáritas Diocesana de Salamanca
Grupo Undanet