Cáritas Española presenta un avance de los resultados del IX Informe FOESSA, que saldrá a la luz pública en el último trimestre de 2025.
Han pasado casi dos décadas desde la crisis financiera de 2007 y, a pesar de la recuperación económica y los esfuerzos para superar sus efectos, una significativa proporción de la población española sigue atrapada en situaciones de exclusión social. Según los datos de la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada por la Fundación FOESSA, en colaboración con Cáritas Española, 9,4 millones de personas, el 19,3% de la población, viven actualmente en exclusión social en España, dos millones más que en 2007. Este fenómeno refleja una tendencia preocupante y estructural que se ha profundizado tras la crisis del COVID-19.
Aumento de la Exclusión Social y Descenso de la Integración Plena
La exclusión social severa ha experimentado un incremento del 28% desde 2007, afectando ahora a 4,3 millones de personas. En paralelo, el porcentaje de población que disfruta de una integración plena se ha reducido en un 8%, situándose en el 45%. Estos datos subrayan la incapacidad de las políticas económicas y sociales para romper los ciclos de pobreza y exclusión, a pesar de los periodos de crecimiento económico.
Emergencia Social de la Vivienda
Uno de los aspectos más críticos de la exclusión social es la vivienda. En 2024, problemas relacionados con el acceso y el mantenimiento de la vivienda afectan a 1 de cada 4 hogares españoles, y a 9 de cada 10 en casos de exclusión social severa. Cerca de 4,6 millones de hogares enfrentan dificultades habitacionales, mientras que 6,8 millones de personas destinan más del 70% de sus ingresos al pago del alquiler. Este porcentaje, que era del 48% en 2007 para los hogares con menos ingresos, evidencia el aumento drástico de los costos habitacionales.
La falta de propiedad también incrementa el riesgo de exclusión. Mientras que tener una vivienda en propiedad reduce este riesgo al 8%, el porcentaje sube al 30% entre las familias que alquilan y al 59% para quienes habitan en condiciones precarias. El panorama se agrava con el aumento de formas precarias de vivienda, como realquileres, ocupaciones ilegales o situaciones con aviso de desahucio, que afectan a 3 millones de personas.
Trabajo y Exclusión Social
Aunque el empleo sigue siendo un factor importante para la inclusión social, su capacidad de proteger contra la exclusión ha disminuido. El informe revela un aumento de los “empleos exclusógenos“, es decir, aquellos trabajos mal remunerados, inestables o informales que no garantizan una integración social adecuada. Actualmente, una de cada 10 personas ocupadas está en exclusión social. Además, el porcentaje de hogares donde el principal sustentador tiene empleos en condiciones irregulares ha subido del 1,3% en 2018 al 2,2% en 2024. Más preocupante aún, el desempleo sigue siendo una de las principales causas de exclusión, afectando severamente a más de 8 de cada 10 hogares con una persona desempleada como principal sustento.
Salud y Acceso a Servicios Básicos
Otro factor relevante en el panorama de la exclusión social es la salud. Las dificultades de acceso a servicios médicos y tratamientos, especialmente en salud mental, afectan desproporcionadamente a los sectores más vulnerables. Un 12% de las familias tiene problemas para adquirir medicamentos, y más de 600.000 hogares reportaron no haber recibido atención para enfermedades graves o crónicas en el momento necesario.
Grupos Más Afectados
Ciertos grupos poblacionales enfrentan mayores riesgos de exclusión social:
- Infancia y Juventud: La exclusión social severa en la infancia ha pasado del 7,2% en 2007 al 15,4% en 2024. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, esta cifra aumentó del 6,4% al 11%.
- Mujeres: Los hogares encabezados por mujeres tienen un 34% más de probabilidades de estar en exclusión social en comparación con aquellos liderados por hombres.
- Familias Monoparentales y con Menores a Cargo: Las familias con menores de 24 años y las monoparentales presentan índices de exclusión del 24% y 29%, respectivamente.
- Inmigrantes: La población extranjera tiene tres veces más probabilidad de estar en exclusión social que la de nacionalidad española. Este riesgo es especialmente elevado para personas de origen africano.
Propuestas para Combatir la Exclusión Social
El informe subraya varias medidas clave para revertir esta tendencia y avanzar hacia una sociedad más equitativa:
- Garantizar condiciones de vida dignas: Desarrollar sistemas de garantía de ingresos mínimos y complementar los salarios insuficientes.
- Fortalecer la protección social: Invertir en sistemas de inclusión que promuevan la integración más allá de lo económico.
- Ampliar las políticas de vivienda: Incrementar el parque público de alquiler, que actualmente representa solo el 2,5% en España, frente al 8% de media en la Unión Europea.
- Atender a la infancia y juventud: Alinear las políticas y prestaciones familiares con los estándares europeos para reducir la pobreza infantil.
- Mejorar el acceso a la educación: Facilitar el acceso a la educación superior y a la formación profesional para reducir las desigualdades de partida.
- Invertir en salud pública: Asegurar un acceso universal y de calidad, con énfasis en la salud mental.
- Políticas inclusivas para migrantes: Promover su aceptación plena en la sociedad, atendiendo sus necesidades específicas.
Hacia una Sociedad del Riesgo
El informe alerta sobre la evolución hacia una “sociedad del riesgo”, donde no solo los sectores más vulnerables enfrentan dificultades crecientes, sino también amplios estratos de la población. Esta situación amenaza la estabilidad de muchas familias y cuestiona el modelo actual de convivencia. En este sentido, la Fundación FOESSA insta a las administraciones públicas, al sector privado y a la ciudadanía a priorizar el bien común y construir una sociedad que no deje a nadie atrás.
El diagnóstico realizado por la Fundación FOESSA subraya la urgencia de abordar la exclusión social como un problema estructural y multidimensional. La recuperación económica no ha sido suficiente para reparar el tejido social dañado por la crisis de 2007 y agravado por la pandemia del COVID-19. Solo mediante un enfoque integral que combine políticas públicas efectivas y una participación activa de toda la sociedad será posible superar este desafío y avanzar hacia una convivencia más equitativa y sostenible.