La Memoria 2017 de Cáritas, un viaje compartido de 84.000 voluntarios con 3 millones de personas vulnerables

La Memoria 2017 de Cáritas Española, presentada ayer en Madrid bajo el lema “Compartiendo compromiso” [DESCARGAR], es el relato detallado del viaje compartido en las 70 Cáritas Diocesana de todo el país por 84.000 voluntarios y más de 5.000 trabajadores remunerados con los más de 3 millones de personas vulnerables y en situación de exclusión social a las que se ha acompañado.

Memoria de actividades y encuesta FOESSA

Las páginas de la Memoria anual dan cuenta del destino de los 353 millones de euros invertidos en numerosos programas de lucha contra la pobreza y la desigualdad tanto en España como en diversas regiones del mundo donde Cáritas Española apoya proyectos de cooperación fraterna con las Cáritas locales.

En la rueda de prensa celebrada en la sede de la institución, junto a la Memoria anual se ha presentado también un avance de datos de la encuesta que la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), vinculada a Cáritas, acaba de llevar a cabo en 11.500 hogares de las 17 Comunidades Autónomas para elaborar su VIII Informe general, que verá la luz el año próximo.

Lo que revelan estos datos es que un total de 8.6 millones de personas padecen exclusión social en España, lo que suponen 1.2 millones más que en 2007.

Además, tras 6 años de crisis económica y otros 4 de recuperación, la exclusión social severa en nuestro país ha aumentado un 40% y afecta a más de 4 millones de personas.

Ejemplo de compromiso comunitario

Monseñor Jesús Fernández, obispo auxiliar de Santiago de Compostela                y responsable de Cáritas en la Comisión Episcopal de Pastoral Social; Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española; Natalia Peiro, secretaria general; y Raúl Flores, coordinador de Estudios, han comparecido ante los medios de comunicación para explicar los aspectos más destacados de ambos informes.

Si monseñor Fernández señaló la importancia de la Memoria confederal como “expresión del compromiso comunitario favor de la justicia y el bien común y del valor de la comunión en la construcción de la Casa común, en el desarrollo humano integral, en el compromiso transformador y en el modelo de economía solidaria”, el presidente de Cáritas elogió el valor del trabajo de los voluntarios y los trabajadores de toda la Confederación que hacen posible, a través de casi 6.000 Cáritas Parroquiales, la actividad recogida en la Memoria.

Manuel Bretón hizo un reconocimiento expreso del “apoyo privado al trabajo de Cáritas y del compromiso de las Administraciones Públicas”, así como “el papel insustituible de los medios de comunicación social al servicio de la verdad y la transformación social como transmisores de la voz de las personas más vulnerables”. “Es necesario sumar el compromiso de todos –afirmó— para defender la dignidad de las personas y las familias en situación más precaria, para construir una sociedad de acogida, sin violencias, de ciudadanos que de verdad sean iguales en derechos”.

Apuesta por la economía social y el empleo

Natalia Peiro, por su parte, desglosó las novedades que se constatan en los datos de la Memoria confederal de Cáritas, como es la clara preponderancia, por primer año, de los fondos destinados a los programas de Empleo y Economía Social, que suponen el 21.3% del total de recursos y que, indicó, “reflejan la apuesta de Cáritas por las soluciones basadas en la autonomía de las personas y un modelo de economía circular”.

Junto al importante volumen de este capítulo, puso también el foco en los recursos que se siguen destinando a Acogida y Asistencia (una quinta parte del total de recursos invertidos en 2017), lo que pone de manifiesto la persistencia de numerosas situaciones de precariedad y emergencia en las familias, que se alargan en el tiempo. Es decir, aunque desciende ligeramente el número de personas que Cáritas atiende en situaciones de grave precariedad, este apoyo se mantiene durante más tiempo y a través de diferentes programas debido a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

La atención a mayores (40.2 millones de euros invertidos), a personas sin hogar (29.5 millones), y a familias y jóvenes vulnerables (23 millones de euros) siguen siendo capítulos de la acción de Cáritas en los que se aglutinan importantes recursos económicos.

Otro de los grandes apartados del trabajo de Cáritas es el de la cooperación internacional, al que se destinaron 29.7 millones de euros. Como subrayó Natalia Peiro, “el trabajo en terceros países codo a codo con las Cáritas locales tiene como ejes estratégicos la defensa del derecho a la alimentación, el cuidado de la Creación y el impulso de una cultura de paz basada en la justicia y los derechos humanos, además de la respuesta a los efectos de las emergencias naturales”.

El esfuerzo que las Cáritas de todo el país llevan a cabo para garantizar el acceso a la salud y a la vivienda en personas especialmente vulnerables queda, asimismo, reflejado en la Memoria, con partidas de 10.8 y 10.6 millones de euros, respectivamente.

Aspectos en los que se también se detuvo la secretaria general fueron la austeridad como seña de identidad del trabajo de Cáritas, al lograr mantenerse bajo mínimos un año más los gastos destinados a gestión y administración, que representan únicamente 6 céntimos de cada euro. Y la garantía de independencia institucional que aporta a Cáritas el apoyo privado de particulares, empresas e instituciones, que aportaron 256.5 millones de euros en 2017, lo que representan el 73% de los recursos manejados por la Confederación.

Un dato a tener en cuenta es el compromiso de las Administraciones públicas con las actividades de Cáritas, que en 2017 marca con respecto a los años anteriores un punto de inflexión al alza hasta situarse en 96.5 millones de euros (el 27% del total).

Constataciones de la encuesta FOESSA

El otro eje de la rueda de prensa ha sido el avance de datos de la masiva encuesta que la Fundación FOESSA, en un esfuerzo sin precedentes, acaba de llevar a cabo para elaborar el VIII Informe, de próxima aparición.

Raúl Flores, coordinador de Estudios de Cáritas Española, expuso las principales constataciones preliminares de la encuesta, que salen a la luz en el informe “Análisis y Perspectivas 2018” publicado por FOESSA bajo el título “Exclusión estructural e Integración Social” [DESCARGAR].

De manera sintética, las conclusiones del informe señalan lo siguiente:

• 10 años después del comienzo de la crisis económica, y 4 años después de su punto de inflexión, hemos recuperado los niveles previos a la crisis en el caso de la integración plena, pero no en los de la exclusión.
• En 2018 los niveles de integración social han alcanzado una clara mejoría, alcanzando cifras superiores al 48% e igualando la situación en 2007.
• En el otro extremo, 8,6 millones de personas se encuentran en el espacio de la exclusión social, 1.2 millones más que en 2007. Se registra un incremento de la exclusión global de un 12% respecto al inicio del ciclo y de un 40% en la exclusión social severa, en la que se encuentran 4.1 millones de personas que viven en 1.5 millones de hogares. Esta es la factura en términos de exclusión social que nuestra sociedad ha pagado tras una crisis de 6 años y otros 4 de recuperación.
• La mitad de la población disfruta de integración plena y no se encuentra afectada por ningún rasgo de vulnerabilidad. La integración plena ha aumentado del 34% al 48%, lo que significa una mejora del 42%.
• La exclusión social, se ha reducido en los últimos 5 años, del 25% al 18% de la población, lo que supone un descenso y mejora de los niveles de exclusión social del 27%. Sin embargo, en el tramo de la exclusión severa dicha mejora se queda en un 19% y pasa del 11% en 2013 al 9% en 2018.
• Podría hablarse de una recuperación a dos velocidades, que provoca un mayor distanciamiento entre los que viven una participación social integrada y quienes transitan por los espacios más alejados de la exclusión.
• Se detecta una tendencia a que las personas en situación de integración precaria tienden a concentrarse en la frontera con la exclusión moderada. El 13% de la población (6 millones de personas) que se encuentra dentro del tramo de integración social se encontraría, sin embargo, en una posición de gran debilidad, viviendo tan al día que un ligero empeoramiento de la situación socioeconómica haría que sus posibilidades de transitar hacia situaciones de exclusión sean muy elevadas.
• El balance general de esta década es que nuestra sociedad muestra un espacio de integración con bases más débiles y con una exclusión severa que se enquista en la estructura social.

Otras constataciones

El avance de datos de la encuesta FOESSA indica también que:

• La población en exclusión social en este período ha sufrido un empeoramiento en cinco de las ocho dimensiones, concretamente en las relativas a capacidad de consumo, vivienda, participación política, salud y aislamiento social.
• Una de cada cinco personas en exclusión está afectada simultáneamente por la exclusión del empleo, la vivienda y la salud, una de cada tres si hablamos de personas en situación de exclusión severa.
• El empleo no asegura la integración social. La precariedad del mismo, en términos sobre todo de temporalidad y bajos salarios, nos está conduciendo a un escenario en el que disponer de un empleo ya no es sinónimo de integración. La mitad de las familias en las que hay un empleo no disfrutan de una situación de integración plena, lo que evidencia una calidad del empleo que no permite cubrir las necesidades de los hogares.
• La incidencia en personas en situación de exclusión que, aun contando con empleo, atraviesa por dificultades en otras dimensiones es muy superior a la de la población global, llegando al 54% en el caso de la vivienda, al 50% en el de la salud, y al 24% en la dimensión del consumo. Uno de los fenómenos sociales que más explica esta situación, es la vivencia de los “trabajadores pobres”.
• La situación de exclusión en la dimensión de vivienda se reduce un 19% con respecto a los datos de 2013, alcanzando a un 24% de la población, cifra similar a la registrada en el periodo anterior a la crisis. 6 de cada 10 personas en exclusión se encuentran afectadas en la dimensión de la vivienda, lo que nos debería llevar a cuestionarnos la inexistencia de una política suficiente de vivienda pública en sus diferentes modalidades tratando de evitar errores pasados y de buscar alternativas incluyentes en un ámbito tan elemental como es el residencial.
• Conviene insistir en el importante papel que están desempeñando familias y redes de apoyo en el sustento que están brindando a los que viven situaciones más críticas y en la importancia de establecer estrategias institucionales más amplias que reduzcan la posible erosión en las relaciones familiares y sociales que las dinámicas de exclusión puedan producir.

La evolución hacia una sociedad desligada

Raúl Flores alertó del riesgo de que “se estén debilitando los vínculos de nuestro modelo social, ya que las diferencias que existen en las condiciones de vida entre diferentes capas y colectivos sociales están tensando los ligamentos que nos mantienen unidos como sociedad. Se crean situaciones de competencia por el empleo entre unas edades y otras, por la protección social que reciben aquellos que están jubilados y los que están desempleados, por las ayudas a la crianza de las que se benefician unas y otras familias”.

“En la evolución de nuestro marco social –explicó— estamos construyendo una sociedad desligada, que destruye con cada vez mayor intensidad los vínculos o ligamentos por los que nos sentimos miembros, con derechos y deberes, de nuestra sociedad”.

¿Cuáles son los retos que tenemos como sociedad?

En el informe, se apuntan como retos a abordar en el corto y medio plazo los siguientes:

1. La igualdad entre hombres y mujeres. La brecha de sexo repunta en el espacio de la exclusión. En 2018 encontramos situaciones de exclusión en el 16% de los hogares donde la figura del sustentador principal es masculina, mientras que ese porcentaje asciende hasta el 20% cuando la sustentadora principal es una mujer, una brecha del 25% que duplica la brecha que existía en 2013.
2. La integración social y económica de los más jóvenes. Los hogares con menores y jóvenes sufren mayores niveles de exclusión social. En la actualidad el 23% de los menores de edad se encuentran en hogares en situación de exclusión social, cifras superiores a las de antes de la crisis (18%). La misma dinámica se repite entre los menores de 30 años donde un 23% están en situación de exclusión, frente al 14% en 2007.
3. La inserción laboral de los adultos mayores. Los adultos mayores que se desconectan de la recuperación también son protagonistas negativos, en concreto el grupo de entre 45 y 64 años, que ha pasado de un nivel de exclusión del 13.1% en 2007 al 18.4% actual. Son un colectivo prioritario para las políticas públicas de empleo e inclusión social.
4. La protección de las familias más débiles. Las familias numerosas y monoparentales reflejan una vulnerabilidad especial. El riesgo de exclusión social se multiplica por 1.9 entre las familias con o 3 o más hijos y por 1.6 en aquellas familias con un solo progenitor. Su presencia en el espacio de la exclusión es tan preocupante como la falta de políticas de apoyo suficiente a la familia.
5. La convivencia e integración para todas las personas. La situación de desventaja de la población extranjera se hace crónica. El riesgo de exclusión social se multiplica por 2.6 entre la población extracomunitaria, afectada el 47% de exclusión social y el 26% de exclusión social severa.
6. La respuesta de las políticas sociales. Asistimos a una protección social insuficiente, pero ahora en época de bonanza económica. La reducción de la tasa de cobertura ha pasado del 74% en 2008 al 56% actual. A ello se añada la reducción de las cuantías de la prestación por desempleo, así como la reciente reducción de las diferentes prestaciones monetarias en relación al PIB per cápita. Destaca la tímida evolución de los perceptores del sistema de rentas mínimas, que, de continuar con la evolución actual, tardaría 50 años en proteger al millón y medio de hogares en exclusión social severa.

La coyuntura de bonanza económica constituye una oportunidad para generar los apoyos necesarios a quiénes a día de hoy se encuentran peor, como son, con toda claridad, los grupos descritos, que deberían tener prioridad desde las políticas sociales del momento.