FOESSA y Cáritas urgen a fortalecer los sistemas públicos de protección social y a impulsar los valores cívicos para construir un nuevo modelo de sociedad

Fruto de un vasto trabajo de investigación sociológica realizado en los últimos cinco años y en el que ha participado un equipo de más 90 expertos e investigadores de 30 universidades de nuestro país, el Informe analiza de forma exhaustiva –a lo largo de casi 700 páginas, ocho capítulos y un anexo– cuestiones como el modelo social de nuestro país, la actual distribución de la renta, los procesos de exclusión social, el mercado de trabajo, el estado de bienestar, qué nueva sociedad surgirá tras las crisis, el capital social y cultural, y la situación de España en el entorno internacional.

Las constataciones del VII Informe FOESSA –cuyos principales contenidos han sido expuestos conjuntamente por Sebastián Mora, director ejecutivo de FOESSA y secretario general de Cáritas Española, y por Francisco Lorenzo, coordinador del Informe y responsable de Estudios de Cáritas– ofrecen tanto elementos para la preocupación, dada la envergadura de los efectos que la crisis ha tenido en la estructura social del país, como razones para la esperanza, a la luz de las fortalezas que muestran ámbitos como la participación social, la solidaridad, el voluntariado y las redes familiares.

El Informe entra de lleno en el análisis de nuestro modelo de desarrollo social, en el que destacan los altos niveles de desigualdad salarial, la limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y un sistema de prestaciones reducido, poco protector en el tiempo y que no se adecua a las necesidades de los hogares en función de sus características.

Con ello, si el crecimiento era el «buque insignia» de ese modelo social antes de la crisis, ahora estamos en un momento en el que son las necesidades de ajuste las que guían las decisiones políticas y las que construyen nuestro imaginario colectivo. De nuevo, se queda fuera del foco la necesaria incidencia sobre los elementos estructurales que están en la base de un modelo a reformar.

Se señala cómo los efectos de la crisis en la renta en nuestro país son preocupantes, ya que el porcentaje de hogares afectados simultáneamente por problemas de privación material y de pobreza monetaria ha aumentado casi un 50% en los últimos años.

Además, la crisis no ha afectado a todos por igual, ya que se ha cebado con las rentas más bajas y ha afectado a la convergencia territorial entre Comunidades Autónomas, que se ha ralentizado. De hecho, se dan diferencias sustanciales en la incidencia de la exclusión social en territorios con niveles de riqueza similar.

De la envergadura de este deterioro da cuenta el hecho de que el núcleo central de la sociedad española considerado en situación de integración social plena es ya una estricta minoría y en la actualidad representa tan solo el 34,3%, mientras que en 2007 superaba el 50%.

Esto significa que la población excluida en España asciende ya al 25% y afecta a más de 11.746.000 personas. De ellas, 5 millones se encuentran en exclusión severa. Además, hay que tener en cuenta que 2 de cada 3 personas excluidas ya estaban en esta situación antes de la crisis.

La precariedad afecta a ámbitos como la vivienda y la salud. De los 11,7 millones de excluidos, el 77,1% sufren exclusión del empleo, el 61,7% exclusión de la vivienda y el 46% exclusión de la salud.

En cuanto al perfil sociológico, son las familias de mayor tamaño las que más afectadas se han visto, sobre todo familias en las que hay muchos niños y muchos jóvenes.

Asimismo, se multiplica de forma generalizada la vulnerabilidad de la juventud. Dos datos: el 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo. Como se indica en el Informe, en cierto sentido puede hablarse de una «generación hipotecada».

La crisis ha impuesto también importantes cambios en el modelo de relaciones sociales, que en la actualidad se caracteriza por la «dualización» y la «polarización» social. Es decir, que los más vulnerables y más pobres disponen de menos recursos y sufren pérdida de centralidad en las decisiones, mientras los más ricos cuentan con más recursos y más centralidad en las decisiones.

De hecho, es posible afirmar que se ha roto el contrato social que era la base de la estructura del bienestar y que la agenda reformista que se viene produciendo desde hace años está transformando, de forma simbólica, nuestro «contrato social» en un «contrato mercantil».

El VII Informe FOESSA señala la existencia de una «generación expulsada» de trabajadores para los que ha mermado el tipo de puesto que desempeñaban y cuya cualificación es escasamente aplicable en otros sectores.

En la actualidad, la tasa de trabajadores excluidos se sitúa en el 15%. Y puede decirse que el trabajo deja de ser un espacio de consolidación de derechos para convertirse en un espacio de vulnerabilidad y de pérdida de capacidad económica, social y personal.

Al analizar los efectos de las políticas de austeridad tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, la investigación confirma que los recortes en servicios sociales y bienestar son incompatibles con la consecución del objetivo de reducción de la pobreza recogido en la Estrategia Europea 2020.

Al mismo tiempo, otros derechos, como sanidad, educación, protección social y apoyo a la dependencia presentan condiciones de acceso cada vez más restrictivas.

Para los autores, la conclusión es clara: las reformas en el sistema de bienestar social en España, especialmente las desarrolladas a partir de mayo de 2010, han supuesto una regresión en las políticas sociales.

En lo que atañe a la evolución de la política de cooperación, el Informe constata que esta ha tenido una evolución de crecimiento y desplome tan intensos que no tiene comparación posible con ninguna de las demás políticas de la administración, ni con el comportamiento de ningún otro país donante. La excepcional reducción del presupuesto de cooperación, con el consiguiente descalabro para muchos proyectos en curso, ha conducido a esta política pública a la irrelevancia y ha dilapidado el modesto liderazgo internacional que nuestro país había conseguido en la pasada década.

Vista en su conjunto, la política exterior española en los últimos años no parece haber contribuido positivamente a hacer de nuestro mundo un lugar más inclusivo y equitativo. Sea el repliegue generado por la crisis, sea el cambio de orientación política, el hecho cierto es que España no está impulsando un cosmopolitismo solidario.

En cuanto a la inmigración, se indica que el modelo vigente resulta rígido y atomizado. La gestión actual de los flujos migratorios, además de implicar una abusiva instrumentalización de seres humanos vulnerables, genera ineficiencias económicas muy claras, como la pérdida de ingresos fiscales por la proliferación de la economía sumergida vinculada a la falta de documentación, la posibilidad de elevar la explotación laboral de los trabajadores irregulares y, de rebote, empeorar las condiciones del resto, o la imposibilidad para los países menos adelantados de aprovechar las oportunidades de la globalización.

Se subraya, además, el estrabismo ético que caracteriza las políticas migratorias de la UE, que hace considerar, de una manera, el peligro que amenaza la vida de las personas cuando son objeto de persecución política o armada y de otra, cuando sus existencias están igualmente amenazadas por el hambre, la pobreza económica severa o la imposibilidad de acceder a la atención médica.

El Informe dedica una buena parte de sus análisis a poner en valor las fortalezas que muestran la sociedad española y las oportunidades que ese capital social ofrecen para la necesaria regeneración.

Se identifican capitales sociales como las de la solidaridad familiar y las redes de ayuda, que, aunque con cierto riesgo de debilitamiento, resisten a pesar del largo impacto de la crisis. Se trata de un reforzamiento que responde, en buena medida, a la retirada de los mecanismos de apoyo social basados en las políticas públicas.

Dentro del sistema familiar, llama la atención el cambio del papel de las personas mayores que pasan de ser “cuidados” a reforzar su papel como cuidadores. Su apoyo al resto de la familias e ha convertido en fuente de seguridad, por factores como la pensión, la vivienda en propiedad y la conservación de las relaciones familiares. Y se advierte de que todo lo que mine estos tres elementos pondrá en peligro una delas principales mallas de seguridad de nuestra sociedad.

Asimismo, en el Informe se da cuenta de la emergencia de una gran cantidad de iniciativas de voluntariado y de la acción colectiva, de experiencias de intercambio y colaboración recíproca, que recanalizan las energías asociativas.

Y aunque hay una parte del capital social y cultural que se ha destruido, existe otra que está evolucionando, recreando redes, redescubriendo valores y regenerando las instituciones. Estas nuevas iniciativas se apoyan en dinámicas de capital digital.

Los autores no dejan fuera del foco de la investigación las actuales dinámicas sociales, en las cuales están fermentando nuevos modelos sociales que, aunque todavía no presentan una propuesta alternativa de vida colectiva, sí que permiten cuestionar y vivir de forma real lejos de las lógicas de la privatización, la individualización y la mercantilización.

En las páginas del VII Informe se señala que estamos a tiempo para una reacción colectiva que invierta las tendencias hacia la fractura social en la medida en que existe un marco solidario que aún se mantiene en la sociedad española.

Estamos, de hecho, ante un cambio global, en el que una parte de la sociedad se ha puesto en movimiento y si bien aún no se ha despejado la duda sobre si podrá traducirse en un programa positivo de cambio sociopolítico, resulta indudable que han dinamizado a una parte de la humanidad.

La Fundación FOESSA ha querido que el VII Informe, más allá del diagnóstico de la realidad social, pusiera sobre la mesa un repertorio de propuestas dirigidas al conjunto de la sociedad, de los poderes públicos y de los agentes sociales y económicos, que permitan atajar las causas estructurales de la exclusión social en España.

Estas propuestas se estructuran en tres ejes, orientados al ámbito del desarrollo social, al de los efectos de la pobreza y al de la construcción del bien común.

Considerarlos indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material como indicadores privilegiados que permitan un diagnóstico riguroso dedesarrollo social.

Evaluar la acción política a la vista del impacto que tiene sobre estos indicadores, con especial atención las políticas que contribuyen al auténtico desarrollo: sanidad, educación, empleo, redistribución de la riqueza y garantía de ingresos.

Conseguir que la protección social alcance estándares básicos en todo el territorio y que se haga operativa a través de un sistema de «garantía de mínimos».

Desarrollar una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos, que no quede reducida a la mera gestión de las prestaciones económicas.

Construir un compromiso redistributivo ético que nos acerque a la media europea. A este respecto, los impuestos no pueden quedar al margen de la obligada cohesión social, ya que no es posible mantener un sistema de servicios públicos equitativo y de calidad sin la aportación de todos los ciudadanos al mismo, cada uno en función de sus ingresos y su patrimonio.

Considerar el gasto social como «inversión social», dando prioridad a aquellos ámbitos que son más correctores en términos de desigualdad, como sanidad, educación, pensiones y rentas mínimas.

Eliminarla sobrecarga que recae sobre los hogares, tanto por el debilitamiento de los servicios públicos como por el impacto de la crisis.

Desarrollar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que contrarresten, entre otros, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores en el hogar.

Poner en marcha de una política eficaz que evite la transmisión intergeneracional de la pobreza, que es uno de los peligros latentes hoy y de especial gravedad parael futuro.

Esta investigación se presenta la víspera del comienzo del Congreso sobre exclusión y desarrollo social en España, convocado por la Fundación FOESSA y Cáritas, y cuyas sesiones tendrán lugar del 29 al 31 de octubre en el Colegio Mayor Guadalupe de Madrid.

Durante las jornadas, numerosos expertos nacionales e internacionales intentarán responder, en un momento en el que todos buscamos hacia dónde dirigir nuestra mirada en la recreación de nuestra sociedad, a la cuestión sobre cuál es el modelo que queremos construir.