Foessa constata el fracaso del actual modelo de vivienda en España y aporta ideas para una nueva política residencial

En estrecha coherencia con su trayectoria de trabajo durante más de cuatro décadas en el terreno de la investigación social, la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) presentó ayer, de la mano de Cáritas Española, un exhaustivo estudio sobre vivienda, un tema de máxima actualidad por su efectos en el ámbito de la exclusión social.
Editado bajo el título “La vivienda en España en el siglo XXI. Diagnóstico del modelo residencial y propuestas para otra política de vivienda”, el estudio fue presentado ayer en el trascurso de un acto celebrado a última hora de la tarde en la sede de la FNAC de Madrid, que contó con las intervenciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril; el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora; uno de los autores del estudio, el arquitecto José León Paniagua; y el coordinador del informe, el sociólogo y voluntario de Cáritas, Víctor Renes.

La vivienda, espacio de socialización y fraternidad
Si Sebastián Mora se refirió al impulso dado por Cáritas en los últimos cinco años para garantizar el derecho a la vivienda como auténtico espacio “socialización y de fraternidad” de las personas, Soledad Becerril explicó el seguimiento que está llevando a cabo su oficina para paliar los efectos adversos de los lanzamientos hipotecarios y hacer posible que ese sea siempre el “último, último, último recurso, en casos extremos, como respuesta a una situación de impago o endeudamiento”.

Tanto José León como Víctor Renes explicaron, por su parte, los ejes temáticos del informe, cuya clave de análisis del modelo residencial parte de considerar la vivienda como un bien para la satisfacción de una necesidad y no como, sucede en España, un objeto de inversión para el beneficio. Una idea que pasa por entender que el alojamiento de la población en condiciones adecuadas es un satisfactor que garantiza la necesidad básica de subsistencia y de salud.
Factor social de inclusión de primer orden

Tanto para los autores como para la propia FOESSA y Cáritas, la vivienda es un espacio vital, imprescindible para la socialización, para ser parte de una sociedad, lo que convierte en un factor de inclusión social de primer orden. De ahí que el objetivo del informe haya sido analizar el modelo residencial español como modelo que condiciona la función de la vivienda como elemento que satisface la necesidad básica de alojamiento.
Para ello, el estudio se estructura en cuatro grandes apartados, en los que se abordan, primero, el modelo de producción de vivienda en propiedad y la producción como finalidad e inversión, que es el factor más determinante del modelo residencial; segundo, el acusado y permanente desajuste entre oferta y demandas o necesidades de vivienda; tercero, el equilibrio y desequilibrio en la ordenación del territorio y su impacto en la estructura y en la cohesión social; y, cuarto, la colisión de los tres factores anteriores con la necesidad de un modelo residencial que responda a la exigibilidad de la vivienda como un derecho. Este último punto incluye un repertorio de propuestas y orientaciones políticas para hacer efectivo ese derecho.

El resultado de este nuevo trabajo conjunto de la Fundación FOESSA y Cáritas arroja, por una parte, la constatación de un fracaso reiterado de una política económica y social, y la imposibilidad de reclamar la efectividad de un derecho, y, por otra, la expresión de una esperanza expresada a través de unas propuestas alternativas a la situación actual que, en relación con la política de vivienda, requieren un largo plazo de aplicación para obtener resultados efectivos.
Ejes y propuestas para una política nueva de vivienda

Entre los ejes y propuestas señalados en el informe para avanzar hacia una política nueva de vivienda, cabe señalar los siguientes:
1. Desarrollo del mandato constitucional a los poderes públicos en el acceso, sostén y garantía de una vivienda digna y adecuada como derecho fundamental.

2. Desarrollo del patrimonio público de suelo cumpliendo con la legislación vigente.
3. La totalidad de las ayudas (a promotores y familias) se deben concentrar en la VPO en alquiler y en el fomento del alquiler de vivienda en general.

4. Desarrollo de vivienda pública en alquiler (nueva y rehabilitada), de promoción directa. Para lograr este objetivo, los Planes de Vivienda deben incluir medidas de fomento (financiación, suelo, fiscalidad, etc.), excluyendo cualquier ayuda la compra de cualquier tipología de vivienda.
5. Ayudas a la inversión en la ciudad consolidada frente a la producción de nueva vivienda y fomento de actuaciones de rehabilitación integrada de barrios mediante intervenciones en colaboración con otros sectores sociales (empleo, formación, etc.).

6. Fomento de la ocupación de vivienda vacía mediante ayudas combinadas al alquiler y la rehabilitación, con la participación de las agencias regionales de alquiler y rehabilitación de vivienda.
7. Inversión en gestión integrada de vivienda y condiciones de vida, desarrollando agencias públicas de intervención en alquiler de vivienda y rehabilitación integrada de conjuntos urbanos degradados física y socialmente.

8. Desarrollo de un sistema de información residencial que produzca información fiable e independiente y actualizada que permita formular medidas adaptadas a necesidades específicas y de calidad.
9. Reformulación de los actuales Planes Cuatrienales de Vivienda en función de objetivos globales de política de vivienda (alquiler, social, rehabilitación integrada y promoción pública de vivienda en alquiler).

10. Desarrollo de estrategias de planeamiento urbanístico y residencial de carácter supramunicipal y suprarregional, con sistemas de control y participación y decisión públicas, que sirvan para luchar contra la corrupción urbanística e inmobiliaria.
En resumen, los conceptos en los que para los autores del informe deberían concentrarse todas las ayudas en materia de vivienda, serían: alquiler social, rehabilitación integrada, e intervención pública y diversificación del modelo de acceso que, junto a la regulación del derecho a la vivienda, constituyen los ejes claves de la política de vivienda.