Entidades de Iglesia celebran el apoyo mayoritario del arco parlamentario a considerar la ILP para la regularización de extranjeros

Confían en que las futuras negociaciones busquen el consenso necesario para procurar la autorización de residencia a aproximadamente 500.000 personas

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) celebran el apoyo mayoritario de los grupos políticos en la votación sobre la toma en consideración de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para la regularización extraordinaria de personas migrantes. 

Este paso permite dar continuidad al recorrido parlamentario de esta proposición de ley, dando respuesta a una reivindicación con un sólido respaldo social. Con el inicio de este nuevo período de debate, reflexión y enmiendas, confían en que las futuras negociaciones estén marcadas por la búsqueda de consensos para abordar con responsabilidad una realidad que ha de ser tratada como una cuestión de Estado.

Las entidades firmantes encomiendan a todos los partidos políticos a aprovechar esta ocasión histórica para finalizar este proceso con la aprobación de una regularización que procure una autorización de residencia y un marco de derechos para las aproximadamente 500.000 personas que se encuentran actualmente viviendo en nuestro país en situación administrativa irregular.

La ILP sobre la regularización extraordinaria de personas extranjeras es fruto de un proceso iniciado desde la sociedad civil en el año 2021, y que ha contado con el respaldo, a través de sus firmas, de más de 700.000 personas y de 900 organizaciones.

Una reclamación necesaria 

Con pleno conocimiento de las consecuencias de la irregularidad administrativa en la vida de las personas migrantes, estas entidades eclesiales llevan desde el año 2021 apoyando el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular en nuestro país.

Este proceso ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular.