Las entidades de Iglesia que integran la iniciativa “Enlázate por la Justicia” –Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario)— apoyan la denuncia lanzada por el Consejo Indígena Misionero de Brasil (CIMI) ante las medidas decretadas por el Gobierno de Jair Bolsonaro para paliar la propagación de la pandemia del coronavirus en ese país.
Resulta de especial seriedad la alerta lanzada por el CIMI sobre la situación de grave desprotección ante la propagación del Covid-19 a la que quedan expuestos las poblaciones y territorios indígenas aislados, al no garantizar su completo aislamiento y permitir el eventual acceso a los mismos.
“Enlázate por la Justicia” suscribe el contenido del comunicado difundido por el CIMI el pasado 19 de marzo, en el que se señala textualmente lo siguiente:
El Consejo Indígena Misionero – Cimi expresa su preocupación y repudio en relación con la Ordenanza No. 419 / PRES, del 17 de marzo de 2020, que establece medidas temporales para prevenir la infección y la propagación del nuevo coronavirus (Covid-19) dentro del alcance de la Fundación Nacional del Indio – Funai.
La ordenanza establece, en su artículo 3, que las «Coordinaciones regionales pueden otorgar autorizaciones de manera excepcional mediante un acto justificado para llevar a cabo actividades esenciales para las comunidades indígenas». El artículo 4 suspende todas las actividades que «involucran el contacto con comunidades indígenas aisladas». Sin embargo, a continuación, se incluye un único párrafo donde incluye una excepción: «Si la actividad es esencial para la supervivencia del grupo aislado, debe ser autorizada por la CR por acto justificado».
Mostramos nuestra perplejidad y repulsa por esta posibilidad planteada por el órgano indígena oficial de tener contacto con pueblos aislados, precisamente en esta situación en la que se llama a la población mundial y nacional a permanecer en aislamiento, dada la gravedad y la letalidad de la enfermedad de Covid-19.
Los pueblos indígenas se consideran grupos vulnerables y en riesgo ante una pandemia de proporciones alarmantes. Los grupos indígenas aislados están contemplados por su propia política dentro del órgano indígena y la relevancia de su protección sigue los preceptos garantizados por la Constitución Federal de 1988.
Vinculado al Ministerio de Justicia, Funai se creó el 5 de diciembre de 1967 a través de la Ley 5.371, para ser el coordinador y ejecutor de la Política Indígena del Gobierno Federal. Su misión institucional es proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. Bajo el Gobierno de Jair Bolsonaro, la labor de Funai ha estado totalmente en desacuerdo con su misión y en contra del que es su papel institucional como órgano indígena, actuando, de forma contradictoria y criminal, a favor los intereses anti-indígenas de los agronegocios, el capital depredador y del fundamentalismo religioso. Por lo tanto, se distancia de los intereses y la protección de los pueblos indígenas, sus aspiraciones y sus derechos, ganados con mucha lucha y mucho derramamiento de sangre.
En este período de profunda crisis de salud pública no podemos permitir que otros intereses se vean facilitados para ingresar a los territorios, poniendo en riesgo la vida de toda la población indígena. Por lo tanto, nos unimos a otras instituciones para recomendar y exigir la retirada de todas y cada una de las posibilidades de entrada en los territorios de los pueblos aislados y el contacto con estas poblaciones, como se establece en la Ordenanza 419 / PRES, del 17 de marzo de 2020, en su artículo 4º.
Brasilia, 19 de marzo de 2020
Consejo Indígena Misionero
Colabora
Cáritas Diocesana de Salamanca
Grupo Undanet