La directora, Carmen Calzada, ha recordado que los trámites se alargan 3 años de media, durante los cuales no pueden ni acceder a prestaciones ni conseguir un empleo estable.
Aprovechando la firma del nuevo convenio entre Cáritas Salamanca y el Ayuntamiento de la ciudad, que tuvo lugar este miércoles 17 de Julio, Carmen Calzada, directora de la Cáritas Diocesana, quiso dedicar parte de su discurso a la situación que padecen los inmigrantes irregulares que llegan a España.
En palabras de Carmen, Cáritas “ayuda a mucha gente que llega con documentos o sin documentos”, cubriendo necesidades de primer nivel, ofreciendo asesoría jurídica, fomentando su formación laboral y su integración. Solo el año pasado, la entidad ayudó a unas 1800 personas migrantes, de las cuales el 40% se no tenía su documentación en regla. “Ofrecemos todos los servicios de ayuda que nos están permitidos. Cáritas no cierra la puerta a nadie”, argumentaba la directora.
Calzada ha recordado que un inmigrante tiene que esperar de media 3 años para regularizar su situación. “Son personas humanas. Por eso pedimos a la administración que acelere los trámites”, ha explicado. “Durante ese tiempo no pueden acceder a ciertas prestaciones ni conseguir un empleo estable, aunque tengan las capacidades y los estudios para ello. Por lo que muchos acaban en la economía sumergida”.
Ligado a esta cuestión, la situación de la vivienda en Salamanca preocupa a Cáritas, consciente de las familias inmigrantes numerosas que llegan a vivir en una sola habitación, porque no pueden permitirse otra opción. “Es un problema muy serio” insistía Calzada, “Esto genera falta de estímulo, integración y un ambiente no apto para los niños. Es absolutamente necesario incrementar las plazas de vivienda social”, sentenciaba.
Con respecto a esto, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quiso recordar que la ciudad “dispone de viviendas de titularidad municipal que se destinan a alquileres sociales por un precio bajo, o incluso testimonial. Y cuando alguna de ellas se queda vacía, se acondiciona para ponerla a disposición de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, para que se use como alquiler social”. Además, mencionó que “hay pisos que se han cedido a diversas organizaciones benéficas, como Ascol o Pyfano”.