Cáritas plantea en el Senado reformas legales en extranjería para abordar los retos migratorios derivados del contexto actual

María Segurado, responsable de la Red Jurídica de Migración, interviene
en la «Ponencia que aborde el fenómeno migratorio de manera integral»

La sesión ha sido convocada por la Comisión de Trabajo,
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara alta.

En una sesión a puerta cerrada convocada por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado dentro de la “Ponencia que aborde el fenómeno migratorio de manera integral”, Cáritas ha planteado una serie de reformas legales urgentes para atajar los problemas de integración social a los que se enfrentan los inmigrantes que residen en España.

En su intervención, María Segurado, responsable de la Red Jurídica de Migrantes de Cáritas Española, ha trasladado a los miembros de la Comisión cinco prioridades:

• Solucionar la irregularidad sobrevenida estructural modificando el Reglamento de Extranjería.
• Abordar de forma integral la transición a la vida adulta de los jóvenes ex niños y niñas solos.
• Afrontar la situación de los “inexpulsables” y darles una solución acorde con el derecho europeo.
• Establecer pasarelas entre protección internacional y extranjería.
• Responder a la situación provocada por la Covid-19 y buscar soluciones concretas para situaciones de determinados colectivos.

750.000 migrantes acompañadas en el último año

La letrada ha abierto su comparecencia explicando a los miembros de la Comisión la base en la que se apoyan estas propuestas de Cáritas, que procede del trabajo de acompañamiento a más 750.000 personas no españolas llevado a cabo en el último año en nuestro país por la Confederación Cáritas, de las cuales 50.000 han sido ciudadanos comunitarios y 700.000 de terceros países.

De estas 750.000 personas no españolas, 400.00 tenían algún tipo de autorización y 350.000 carecían de ella. Y de estas 350.000 en situación administrativa irregular, 150.000 no disponían de ningún tipo de documentación identificativa, bien porque carecían de ella, bien porque no estaba vigente.

“Somos muy conscientes –explicó María Segurado ante la Comisión— de que el título de esta ponencia de estudio pretende abordar el fenómeno migratorio de manera integral, por lo que vamos a intentar centrar nuestras propuestas desde el conocimiento de la realidad de las personas extranjeras que Cáritas acompaña”.

Dichas propuestas giran en torno a estos dos bloques: búsqueda de soluciones legislativas que aborden la realidad de las personas extranjeras (no comunitarias y comunitarias) evitando la pérdida de derechos; y medidas concretas que hagan frente a la situación provocada por la emergencia sanitaria (con todas sus consecuencias laborales, económicas, etc.).

Búsqueda de soluciones legislativas que aborden la realidad de las personas extranjeras (no comunitarias y comunitarias) evitando la pérdida de derechos.

En este apartado, Cáritas ha planteado ante la Comisión las siguientes medidas:

• Acceso al empadronamiento para todas las personas extranjeras que vivan en nuestro territorio. El padrón es la herramienta estadística que permite contabilizar los habitantes de una determinada población para el ajuste de políticas y presupuestos. Actualmente está dejando de contabilizar un número creciente de personas con lo que conlleva a efectos de políticas públicas, pero también con consecuencia directa en escolarización de menores, salud etc.

La actual normativa de empadronamiento impide hacerlo a personas extranjeras (comunitarias o no) que no tengan un pasaporte en vigor, lo que provoca tanto situaciones de irregularidad sobrevenida como exclusión de personas indocumentadas.

• Evitar la irregularidad sobrevenida provocada por la excesiva rigidez de la legislación de extranjería en lo relativo a la prórroga y la renovación de autorizaciones ligadas a la documentación personal de la persona extranjera, un mercado laboral (con una oferta que no existe en la actualidad) o un territorio determinado.
• Favorecer vías de entrada regulares, flexibilizando, por ejemplo, la reagrupación familiar, la concesión de visados de estudio o prácticas laborales etc., y garantizar su mantenimiento. La legislación española prevé supuestos excepcionales de residencia que deben ser revisados para que sean efectivos y para que se ajusten a la realidad social. Estos mecanismos especiales son fundamentales, pero sólo son útiles si responden a la realidad de cada momento.
• Abordar el desarrollo del artículo 14.3 de la Ley Orgánica de Extranjería que establece el derecho a las prestaciones sociales básicas de las personas extranjeras que viven en territorio español y que ahora está vacío de contenido.
• Abordar la realidad de los niños, niñas y jóvenes no acompañados desde su condición de menores, garantizando su protección y proveyéndoles de documentación estable que permita su transición a la vida adulta y evitando los casos de irregularidad sobrevenida.
• Abordar la realidad de las personas “inexpulsables” en la línea de lo que establece la vigente Directiva de Retorno, generando un cauce de regularidad basado en la imposibilidad de hacer efectivo el retorno de esa persona, sin abocarla, como ocurre ahora, a la eterna exclusión social.
• Establecer puentes o pasarelas entre la protección internacional y la extranjería, de forma que solicitantes de asilo que están actualmente trabajando no caigan en la irregularidad por la denegación de su solicitud de asilo.
• Es necesario plantear un régimen claro, flexible y accesible para los familiares no comunitarios de los ciudadanos españoles.
• Ante el anuncio reiterado de que se está trabajando una reforma del Reglamento de Extranjería, Cáritas señala la necesidad de disponer de un borrador sobre el que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer aportaciones para dotarnos de soluciones estructurales que nazcan de la experiencia adquirida.
• Propuestas concretas que hagan frente a la situación provocada por la emergencia sanitaria (con todas sus consecuencias laborales, económicas, etc.)

Cáritas es consciente de la presión y el impacto que la COVID-19 tiene sobre las Administraciones públicas, pero ambos factores no pueden tener como consecuencia directa la desprotección de las personas.

En este sentido, y aunque son muy positiva algunas de las medidas temporales aprobadas por la Dirección General de Migraciones, es necesario extenderlas, dado el número de personas afectadas y las consecuencias que la pérdida de una autorización tiene para la vida y los derechos de estas personas.

Transcurrida la prórroga establecida para la renovación de documentación, Cáritas ha trasladado a la Comisión del Senado su grave preocupación el atasco que sigue existiendo actualmente en la Administración y que se solventaría con una extensión de esta prórroga, a la vista del impacto de la segunda y la tercera oleada de la actual emergencia sanitaria.

Es este momento, sería necesario, además, implementar medidas especiales de protección que supusieran el acceso a residencia y trabajo tanto a determinados sectores de actividad especialmente visibilizados durante la pandemia –como son el ámbito de los cuidados y el del empleo agrario— como a aquellas personas que, por razones muchas veces ajenas a su voluntad, han tenido opción a residencia y la han perdido o no la han podido renovar.

Ceuta y Melilla: rechazos en frontera

Por último y fuera ya de este bloque de propuestas de modificación, María Segurado se ha referido a la necesidad de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional de tal forma que los rechazos en frontera en Ceuta y Melilla cumplan las condiciones fijadas por ese tribunal.