Cáritas eleva una queja al Defensor del Pueblo por el internamiento de inmigrantes en la prisión de Archidona

Recuerda que nuestro marco jurídico impide internar en una cárcel a personas que no han cometido delitos

Cáritas Española ha elevado una queja al Defensor del Pueblo ante la decisión del Ministerio del Interior de internar en la futura prisión Málaga II (que está previsto que abra sus puerta en enero próximo en la localidad de Archidona) a varios inmigrantes que en los días previos habían llegado a las costas españolas.

Cáritas considera en su queja que “la llegada de más de 500 personas de origen extranjero mediante patera a las costas murcianas y la decisión de internarlas en la prisión de Archidona, Málaga, nos parece contraria al marco legal establecido en España”. Por ello, se solicita “de la Defensoría del Pueblo a que inste al  Ministerio del Interior y al Gobierno la puesta en libertad de las personas extranjeras de las que los juzgados de Murcia han ordenado un internamiento contrario a nuestro marco legislativo”.

Incumplimiento de la Ley de Extranjería

Asimismo, Cáritas recuerda que “la vigente Ley de Extranjería establece de forma reiterada el carácter no penitenciario de los centros de internamiento, por lo que el utilizar una prisión nos parece un incumplimiento flagrante por parte de quien, no solo tiene la obligación de ejecutar expedientes sancionadores, sino que tiene que hacerlo conforme al marco vigente en materia de Derechos Humanos”.

Si bien, subraya la queja, “una de las razones que podría justificar una orden de habilitación de centros temporales ante una situación de emergencia podría ser la falta de plazas en los centros de internamiento que ya existen (…), no consta que se haya intentado el traslado a otros centros de internamiento del Estado”.

Cáritas indica que “se podían haber tomado otras decisiones más respetuosas con nuestro marco jurídico, pero también más respetuosas con los derechos humanos de las personas internadas, que tras un tránsito traumático como es el viaje migratorio, se encuentran en una prisión como si hubieran cometido un delito”. Y lamenta “el impacto mediático que esta medida tiene sobre la sociedad española (…) que configura un imaginario común dónde la persona extranjera, que no ha cometido ningún delito, es criminalizada”.

En la queja se alerta que “de nada sirve invertir recursos humanos y económicos en la prevención de delitos de odio, en políticas antidiscriminación, esfuerzo en el que nos consta está implicado el Ministerio del Interior, si por otro lado se incumple el marco jurídico vigente y se acompaña de un discurso público que favorece la discriminación”.

Cáritas recuerda la advertencia de ACNUR España en agosto pasado, cuando apeló a la necesidad de “dar una acogida digna a quienes llegan a nuestras costas (…) para ello es fundamental que se refuercen los recursos y se adapten las actuales infraestructuras en los principales puntos de entrada”. Urge, por último, a garantizar el acceso a los procedimientos administrativos de entrada, devolución y protección internacional.