En su Informe sobre la visita a nuestro país, Philip Alston se hace eco
de muchos de los análisis de Cáritas y FOESSA sobre exclusión social
Cáritas Española aplaude el contenido del Informe que el Relator Especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, acaba de hacer público al término de su visita oficial de dos semanas a nuestro país.
Durante su periplo, Cáritas ha tenido la oportunidad de ser anfitriona del Relator en Mérida-Badajoz, Sevilla y Huelva, donde se reunió con participantes en los proyectos de esas Cáritas Diocesanas para las situaciones de mayor vulnerabilidad, además de mantener una reunión de trabajo con expertos de la Fundación FOESSA para conocer de primera mano la metodología utilizada en sus investigaciones sobre la realidad social llevadas a cabo en España.
Alston se hace eco en su Informe tanto de los datos aportados por el VIII Informe FOESSA como de las precarias condiciones de vida que afectan a los participantes de los proyectos de Cáritas con los que se entrevistó, especialmente las que afectan a los temporeros en la provincia de Huelva.
Mirarse en el espejo
El Relator no ha ocultado su impacto ante lo que ha podido ver con sus propios ojos, una realidad de grave exclusión social en la que desarrollan cada día su labor los voluntarios y trabajadores de Cáritas.
“España debería mirarse de cerca en el espejo”, ha afirmado Alston. “He visitado lugares que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país, donde la palabra que he escuchado con mayor frecuencia en las últimas dos semanas es ‘abandonados’”, ha añadido. Esos abandonados que menciona el Relator no son otros que los “descartados” de los que habla el papa Francisco.
Referencias a sus visitas a Badajoz, Huelva y Sevilla
Cáritas valora especialmente las referencias expresas que hace en su Informe a las personas acompañadas por las Cáritas Diocesanas de Mérida-Badajoz, Sevilla y Huelva, junto al reconocimiento directo al “conocimiento profundo de la realidad social” de nuestra Confederación.
De su visita a Badajoz de la mano de Cáritas, el Informe explica que “las personas con las que me reuní en las zonas rurales destacaron los beneficios de la vida rural, incluida la proximidad a la naturaleza, pero también describieron el aislamiento, la exclusión y la pobreza”.
Sobre su visita a los asentamientos de Huelva describe las entrevistas realizadas en “un asentamiento de migrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia del agua y viven sin electricidad o saneamiento adecuado. Muchos han vivido allí durante años y pueden pagar el alquiler, pero dijeron que nadie los aceptará como inquilinos”. “Las condiciones que observé en Huelva son simplemente inhumanas”, constata Alston.
En su respuesta a un periodista sobre estos asentamientos que visitó en Lepe, el relator reconoció que “sé que hay muchos otros en esa situación, como es la de los rumanos, principalmente, pero no solo, que viven en lugares como la Cañada Real, o la de los habitantes de Los Pajaritos a las afueras de Sevilla. Cáritas puede proporcionar una lista completa de esos lugares. Ellos han hecho un trabajo excelente y están presentes en todas las áreas más desfavorecidas”.
Vivienda, ingresos mínimos y precariedad laboral
En el capítulo referido al acceso a la vivienda en España, el Relator cita textualmente los datos del Informe FOESSA y del riesgo de sinhogarismo, que afecta a 2 millones de personas. Tal y como defiende Cáritas, Alston señala la necesidad de que España actúe agresivamente para aumentar sustancialmente la disponibilidad de viviendas de bajo costo.
Asimismo, recoge nuestra propuesta de dotar de contenido al derecho a la vivienda. “A pesar de su reconocimiento constitucional, toda la información disponible para mí sugiere que actualmente es un cascarón vacío y en gran parte sin sentido”. “Hay muchas maneras –subraya— en que se pueden tomar medidas administrativas para convertir ese derecho en un concepto significativo en la configuración de la ley y la política de vivienda.
Con relación al sistema de garantía de ingresos mínimos, vuelve a citar a Cáritas cuando indica que “la mayoría de los 1,8 millones de personas que vivían en la pobreza extrema en España en 2018 no utilizaron mecanismos de protección social” Lo mismo cucede con relación a “la proporción de adultos pobres que viven en un hogar desempleado y que recibieron beneficios fue una de las más bajas de la UE en 2016, más de 15 puntos por debajo de la media de la UE”.
El Relator comparte también el análisis de Cáritas sobre el marcado laboral al señalar que aunque “las personas en situación de pobreza quieren trabajar, a menudo no pueden encontrar trabajo decente debido a la alta tasa de desempleo y la precariedad de los trabajos que existen”.
Como reiteradamente ha señalado Cáritas, el Relator recuerda en su Informe que “la pobreza es en última instancia una decisión política, y los Gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla”.