Cáritas ante la reforma de la ley de protección a la ciudadanía y a la seguridad ciudadana

Para Cáritas se trata de una reforma innecesaria y que criminaliza la pobreza.

Hoy entra en vigor la reforma de la LPSC. Esta Ley supone una clara limitación de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Especialmente, desde Cáritas nos preocupan las repercusiones que esta reforma va a tener en las personas que acompañamos y que se encuentran en situación social de exclusión social o vulnerabilidad, puesto que:
– No ha incluido la petición de prohibir expresamente el llevar a cabo posibles identificaciones causadas por perfiles raciales o étnicos, dado que conllevan un acto de discriminación directa (Directiva 2000/43/CE)
– Ha modificado la redacción actual sobre registro domiciliario (donde también se incluyen los proyectos y recursos residenciales), eliminando garantías muy básicas.
– Permite los registros corporales externos en la vía pública sin las garantías establecidas en la Constitución.
– No garantiza medidas de accesibilidad necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
– Puede llegar a castigar con sanciones económicas (hasta 30.000 euros), el ejercicio de la prostitución, el consumo de drogas en la calle y la situación de sinhogarismo.
– Y limita la posibilidad de evitar la sanción por consumo o tenencia de drogas a cambio de sometimiento a tratamiento sólo a menores de edad.
Por otro lado, es especialmente relevante la Disposición Final Primera de la LPSC, porque establece un régimen especial en Ceuta y Melilla para las personas detectadas en frontera, admitiendo su rechazo para impedir su entrada ilegal en España, vulnerando diversos tratados internacionales.