Cáritas alerta del aumento de personas en situación administrativa irregular en sus programas para inmigrantes

La campaña «Compartiendo el viaje» lanza unos materiales sobre las graves consecuencias para miles de personas de la Ley de Extranjería.

Dentro de la campaña “Compartiendo el Viaje” que está en marcha desde 2017, Cáritas saca ahora a la luz una colección de materiales de sensibilización para alertar sobre el importante aumento del número de personas en situación administrativa irregular que son atendidas a través de los programas y recursos para inmigrantes en todo el país.

Este impacto, que se viene detectando en los últimos años, se está viendo incrementado como consecuencia de la pandemia, en la que, a causa de la masiva destrucción de empleo y de medios de vida, está empujando a la irregularidad sobrevenida a muchas de estas personas, quienes, al dejan de tener un empleo fijo, se ven abocadas a una situación administrativa irregular, a la pérdida de derechos y a unas condiciones de gran vulnerabilidad e invisibilidad social.

Un tercio de los inmigrantes atendidos

Según los últimos datos de actividad aportada por las Cáritas Diocesanas de toda España, un tercio de las personas acompañadas a través de sus programas y recursos para inmigrantes están en situación administrativa irregular. Se trata de unas 120.000 personas que, además, debido a su extrema precariedad, necesitan del apoyo de Caritas durante una media que oscila entre 1 y 2 años.

Es una realidad invisible sobre la que ahora Cáritas pone el foco dentro de una nueva fase de la citada campaña, bajo el lema “Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos”.

“Compartiendo el viaje” se puso en marcha en septiembre de 2017 a instancias del papa Francisco para fomentar la cultura del encuentro y un mayor conocimiento de la realidad de las personas que se ven obligadas a migrar: hombres, mujeres, niños y niñas, cada uno con su nombre y su vivencia y un lugar de origen, tránsito y destino.

Personas invisibles para las políticas públicas

Uno de los ejes estratégicos de la acción de Cáritas en su lucha contra la pobreza es el trabajo con miles de personas invisibles para las políticas públicas, como es el caso de estos inmigrantes para quienes no existen nunca fondos oficiales, ni estatales ni europeos, puesto que se trata de personas en situación administrativa irregular y, por tanto, no cuentan, no están, no existen.

Hablamos de personas que hasta ayer mismo desarrollaban en nuestra sociedad un trabajo legal y remunerado en sectores de actividad económica muy relevantes –como los sectores de la restauración y la hostelería, el cuidado de personas dependientes, el empleo del hogar o la mensajería— pero que, al perder su empleo, pierden también, según lo establecido en la actual Ley de Extranjería, su estatus legal y, con ello, el acceso a derechos básicos. En muchos casos y dado que no pueden disponer de ninguna ayuda ni prestación social, estas personas tienen miedo y dejan de salir a la calle por temor a ser expulsados.

Las historias de Daniel, Fabiola, Kalima, Virginia y Zohuir

Los materiales que se lanzan con el lema “Esperábamos trabajadores, vinieron personas y queremos vecinos” buscan descorrer el velo sobre la realidad invisible de estos “nadie” a los que Cáritas ponen rostro y nombre.

Para ello, se propone un recorrido por distintas situaciones de irregularidad sobrevenida en las que se encuentran todas esas personas migrantes que son invisibles en nuestro país y poner en evidencia que, en ocasiones, las leyes pueden no ser justas, como ocurre con nuestra Ley de Extranjería.

A través de cinco vídeos, se narran las vidas de Daniel, Fabiola, Kalima, Virginia y Zohuir, personas en situación de movilidad humana con realidades muy distintas, pero cuyo resultado final es el mismo a causa de la irregularidad sobrevenida. Cada uno de estos vídeos cuenta con su respectiva ficha para ayudar a profundizar en la historia de los protagonistas, ver cómo el actual marco legal afecta a cada uno de ellos y qué podemos hacer cada uno de nosotros.

Los materiales se completan con un roll-up y una colección de 5 carteles que sirvan para montar una sencilla exposición de difusión pública de los objetivos de esta nueva etapa de la campaña “Compartiendo el Viaje”, que cuenta también con piezas específicas para redes sociales (Facebook e Instagram).

Ir más allá del mercado laboral: arraigo y empadronamiento

Tanto Cáritas Española como Cáritas Europa vienen defendiendo un planteamiento alternativo del marco legal de migración, con objeto de que la puerta de acceso a los derechos de estas personas no dependa exclusivamente del mercado laboral.

Este es un aspecto en el que inciden directamente estos materiales, al mostrar las graves consecuencias que para la vida de miles de personas tiene nuestra Legislación de Extranjería. Cabe señalar, además, que en la situación económica actual dominada por la crisis social y económica causada por la Covid-19, tener empleo fijo no está al alcance de la mayoría de las personas. Y en el caso de miles de personas de origen extranjero, quedarse fuera del mercado laboral significa pasar a la invisibilidad y a la pérdida de derechos propios y de sus familiares.

La Ley de Extranjería está orientada primordialmente a la regulación del flujo de mano de obra extranjera. Sin embargo, quienes llegan son, por encima de su condición de trabajadores, personas. Nuestro reto, como sociedad y como ciudadanos, es de defender un modelo de acogida a estas personas y sus familias cuya vida queda condicionada por un contrato de trabajo y que quienes son nuestros vecinos y vecinas tengan oportunidades de construir su futuro más allá del color de su pasaporte.

Para ello, Cáritas plantea una propuesta de integración social basada en los criterios del arraigo social, que ponga en valor las raíces de estas personas en la comunidad donde trabajan y viven, y de la vecindad, ordenada a través de la figura del empadronamiento. De esta forma, quedarían garantizar la renovación o el acceso de estas personas a una situación administrativa regular y, por tanto, al disfrute de derechos básicos: «queremos vecinos».