En pleno impacto de la pandemia, Cáritas acompañó en toda España a más de 60.000 personas para mejorar su perfil laboral.
Toda esta acción fue posible gracias a una inversión 85.685.576 euros en el conjunto de las 70 Cáritas Diocesanas de toda España.
Perfil de los participantes
El 65,6% de las personas que participaron en los recursos de empleo de Cáritas son mujeres (39.381) y el 34,4% hombres (20.674). Por origen nacional, el 45,8% son españoles (27.492), el 48,5% de origen extracomunitario y otro 5,7 % de países de la Unión Europea (3.417).
La actividad de los programas de empleo contó con el apoyo profesional de 1.195 personas contratadas y 2.166 voluntarios, liderando actividades en cuatro ejes complementarios: acogida y orientación laboral, formación, intermediación laboral e iniciativas de autoempleo.
Objetivos
El compromiso de Cáritas para acompañar a las personas vulnerables en búsqueda de empleo pone el foco en cuatro objetivos:
– Favorecer la empleabilidad a través de la mejora de las competencias personales, transversales y laborales básicas para la búsqueda de empleo y el mantenimiento del mismo.
– Fomentar la realización de acciones formativas adaptadas a las características y necesidades reales demandadas por el tejido productivo.
– Potenciar las experiencias de aprendizaje mediante la realización de prácticas en un entorno real de trabajo, a través de la colaboración con empresas y entidades.
– Acercar a las personas al tejido empresarial a través de la intermediación y la sensibilización de las empresas en materia de empleo inclusivo.
– Generar empleo protegido mediante la puesta en marcha de iniciativas de Economía Social (Empresas de Inserción y Centros Especiales de Empleo)
Además de las actividades orientadas hacia el empleo inclusivo, el Informe de Economía Solidaria de Cáritas detalla la acción que se viene impulsando en los ámbitos del Comercio Justo, la Economía Social y las Finanzas Éticas.
Comercio justo
Cáritas, a través de la Red Interdiocesana de Comercio Justo, impulsa este modelo de relaciones comerciales basadas en la justicia social para transformar las prácticas injustas de comercio internacional y para apoyar a miles de productores desfavorecidos.
Esta red, integrada por 28 Cáritas Diocesanas, cuenta con 36 tiendas y 72 puntos de venta repartidos por toda España, que funcionan no solo como lugares de comercialización de productos, sino que generan espacios de sensibilización para que los consumidores visibilicen las personas y procesos que hay detrás de cada producto y contribuyan a fomentar un consumo responsable.
Cáritas, además, acompaña a grupos de productores y cooperativas en países en los que la organización está presente desde su modelo de cooperación fraterna, trabajando en red y en alianza con otros actores del movimiento de Comercio Justo a nivel local, estatal e internacional.
La inversión de Cáritas en el apartado de Comercio Justo en 2020 fue de 464.692 euros.
Economía Social
Otra vía por la que Cáritas genera empleo protegido y digno para personas que no encuentran una oportunidad en el mercado laboral son sus entidades de Economía Social,
Actualmente, son 70 el número de iniciativas de esta naturaleza apoyadas por Cáritas en todo el país, que desarrollan 207 líneas de negocio en 35 sectores diferentes, comprometidos especialmente con la mejora de la calidad de vida y la sostenibilidad medioambiental (como son la gestión de residuos, agricultura ecológica, recuperación y reciclado textil, jardinería y viverismo, gestión de residuos, o restauración y catering).
En 2020, 235 personas accedieron a un empleo en el mercado laboral ordinario tras su paso por las iniciativas de Economía Social de Cáritas, que sostienen un total de 1.917 puestos de trabajo.
A través de estos empleos de inserción, mejoran su empleabilidad en un entorno real de producción, desarrollando sus competencias laborales y personales. Cuentan con el apoyo del personal de producción y de acompañamiento, cuyo objetivo es formar y capacitar a las personas para poder mejorar sus posibilidades de acceso a un puesto de trabajo en el mercado laboral ordinario tras su paso por la entidad de Economía Social.
La apuesta de Cáritas por la Economía Social, a la que el año pasado se destinaron 57.095.035 euros, demuestra que existe otro modo de hacer economía y de hacer empresa, de que sí es posible una economía al servicio de las personas donde estas sean la prioridad por encima del beneficio económico.
Finanzas éticas
Cáritas apuesta de manera decidida por un modelo de finanzas que vaya más allá de la rentabilidad económica y garanticen una gestión comprometida con los derechos humanos y el medio ambiente.
El sistema financiero se mueve en función de las decisiones que toman personas que eligen dónde quieren invertir su dinero sin pensar muchas veces en las consecuencias que esa decisión tiene para otras. Por eso, informarse y elegir alguna de las opciones que ofrecen las Finanzas Éticas pueden ser uno de los instrumentos con mayor capacidad de transformación de la sociedad. Nuestras decisiones en materia financiera tienen una repercusión directa en la transformación del sistema económico y en la vida de las personas y las sociedades.
Dentro de esta línea de trabajo:
– 43 entidades de Cáritas colaboran con entidades financieras que hacen compatibles la rentabilidad económica con la consecución de objetivos sociales y medioambientales, como son Banca Fiare, Colonya Caixa Pollença y Oikocredit.
– Cáritas invierte en productos financieros éticos de entidades financieras convencionales: fondos de inversión y planes de pensiones éticos, que no solo incorporan criterios de rentabilidad financiera a la hora de seleccionar las empresas en las que invierten, sino otros de carácter social, medioambiental y de buen gobierno.
– Caritas Española participa como miembro de los Comités Éticos de 3 fondos éticos o solidarios de la banca convencional.
Escuchar, cuidar, sumar y cambiar
Como se señala en el Informe de Economía Solidaria, “la crisis COVID nos ha mostrado con claridad lo que es verdaderamente esencial: la vida, la salud, los cuidados, el apoyo de la comunidad, el cuidado del planeta…”. De ahí la necesidad de poner en práctica una economía que priorice lo esencial y liderar un nuevo modelo económico centrado en las personas y el cuidado de la vida.
La apuesta de Cáritas por el modelo de economía solidaria pasa por defender una economía que escucha y atiende las necesidades tanto de las personas trabajadoras y consumidoras como de las empresas.
Una economía que cuida que se ocupa de las personas y sus condiciones de trabajo al tiempo que cuida el medio ambiente.
Una economía que suma porque es la economía del bien común y la cooperación, la que suma beneficios para las personas.
Y una economía que cambia y es transformadora tanto en lo personal como en lo colectivo.
El apoyo del Fondo Social Europeo
En los últimos veinte años, Cáritas viene siendo, junto a otros tres operadores españoles (Cruz Roja, ONCE y Fundación Secretariado Gitano) una de las contrapartes del Fondo Social Europeo en nuestro país para impulsar las directrices del Programa Operativo de Inclusión Social y de Economía Social (POISES).
Durante el año 2020, Cáritas Española, a través de 57 Cáritas Diocesanas de todo el país, ha desarrollado, con el apoyo financiero del FSE, cuatro grandes programas para luchar contra la pobreza y la exclusión social en el ámbito del empleo.
Fruto de esa colaboración, han sido 9.706 personas (3.746 hombres y 5.960 mujeres) con dificultades de acceso al empleo las que se han visto beneficiadas por las acciones desarrolladas por Cáritas. De ellas, 1.678 han logrado acceder a un empleo en el difícil contexto de 2020. Para ello, se han invertido un total de 11.690.378.75 €.
UNA CRISIS QUE DESTRUYE Y PRECARIZA EL EMPLEO
Aprovechando la publicación del Informe de Economía Solidaria, el Equipo de Estudios de Cáritas ha analizado los efectos de la crisis provocada por la pandemia en el ámbito del empleo y que estaría definido por tres grandes factores: la importante destrucción de empleo como resultado de la crisis de la COVID-19, la fuerte exposición de sectores productivos esenciales al contagio y a la precariedad; y las graves dificultades para la integración laboral y social.
1. Importante destrucción de empleo como resultado de la crisis de la COVID-19
El impacto de esta nueva crisis, en términos de empleo, se podría resumir en una rápida y constante destrucción de empleo, en una seria incertidumbre y en la reducción de ingresos debido a los ERTE que, no obstante, han paliado esa destrucción de puestos de trabajo.
Asimismo, hay un incremento y visibilización de la precariedad estructural e inestabilidad laboral entre quienes entran y salen de un mercado laboral, que antes de la crisis ya era inseguro e intermitente, y que a día de hoy se ha convertido en altamente movedizo dando lugar a trayectorias laborales permanentemente interrumpidas.
Según los datos de la reciente “Encuesta de Población Activa” la destrucción de empleo desde que comenzara esta crisis alcanza 462.000 nuevos parados (1), aunque la cifra supera los 703.000 nuevos parados según los datos del paro registrado (2). Una realidad de desempleo, que sumada a las más de 779.000 personas que se encontraron en situación de ERTE (3) en el mes de marzo, ha generado que casi 1,5 millones de personas hayan visto cómo sus ingresos se reducían de manera drástica o total, afectando sus condiciones de vida, sin ignorar la repercusión psicosocial que significa esta realidad.
La destrucción del empleo ha afectado con mucha mayor intensidad a las mujeres y a los jóvenes, para los que se dificulta, una vez más, el desarrollo de proyectos vitales como puede ser la emancipación y el desarrollo familiar. Por cada hombre que ha perdido su empleo en el último año, lo han perdido 1,4 mujeres. Y de todos los nuevos desempleados, 4 de cada 10 son jóvenes menores de 30 años.
El impacto en términos de empleo ha tenido importantes variaciones según sector de actividad, y es el sector de los servicios el más afectado, tanto por la destrucción de empleo como por los ERTE. En la actualidad, 7 de cada 10 nuevas personas paradas pertenecen al sector de los servicios y especialmente a las actividades de hostelería, ocio y turismo. El impacto ha sido especialmente intenso en estos sectores por las restricciones asociadas al control sanitario de la pandemia, pero con una dimensión más grave y diferencial en el caso de España por un modelo productivo híper-desarrollado y dependiente del sector de los servicios en buena parte del territorio estatal.
2. Exposición de sectores productivos esenciales al contagio y a la precariedad
Durante todo este año de pandemia y de crisis sanitaria, han sido muchas las personas trabajadoras que han tenido que desarrollar su actividad laboral aún en condiciones de excepcionalidad por desarrollarse en sectores productivos esenciales.
Es el caso del personal de los sectores dedicados a la producción y distribución de alimentos, al reparto (acercando todo lo que comprábamos a la puerta de nuestras casas), del ámbito doméstico y profesionales de los cuidados que no han dejado de ayudar y cuidar a las personas dependientes, y otros tantos profesionales se han visto expuestos al contagio para desarrollar su trabajo, Y ello a pesar de que en la mayoría de las ocasiones se encontraban en situaciones de alta precariedad laboral, como así lo confirma que el 30% (4) de los trabajadores de los sectores esenciales de la economía sean trabajadores temporales, lo que duplica la media de los países de la UE, que se sitúa en un 15% de temporalidad en los sectores de actividad esenciales.
3. Dificultades para la integración laboral y social
En las últimas semanas se habla de los fondos europeos como una oportunidad para transformar la economía de nuestro país y como una palanca que permita mejorar el modelo productivo mediante la potenciación de la economía verde, la cohesión territorial y social y el impulso de acciones más específicas como la digitalización. Con la convicción del impulso que estos fondos pueden generar para la inserción laboral presente y futura, deben recordarse cuatro elementos cruciales para la vida de las personas más vulnerables:
• El reto para crear empleo inclusivo que realmente permita una vida digna. España parte de un alto nivel de desempleo previo a la crisis y de una dinámica lenta y con capacidad limitada para generar nuevos puestos de trabajo en la dinámica productiva habitual. A esta situación previa habría que añadir las importantes dificultades financieras y organizacionales por parte de los empleadores para afrontar esta crisis multidimensional y generar empleo inclusivo, es decir, un empleo estable y con salarios dignos.
• El ajuste necesario de recualificación y adaptación al futuro modelo productivo. Las exigencias que conllevará la adaptación de los grupos más vulnerables a un modelo productivo en camino, que aborda una serie de transformaciones de gran calado. Si para las personas que ya están formando parte del mercado de trabajo implica un importante esfuerzo de ajustes, para las personas excluidas del mismo puede suponer el incremento de nuevas exigencias que se suman a las que ya padecen en el contexto actual, aunque algunas representen nuevas oportunidades.
• La ruptura del contrato social para el desarrollo vital de los jóvenes. El planteamiento de que la precariedad laboral a la que se ven abocadas las personas jóvenes, que han visto cómo se ha roto el contrato social que perfilaba el modelo de emancipación, generará nuevas tasas de vulnerabilidad social al desdibujarse el trabajo como un elemento clave para su integración, sin que aparezcan mecanismos alternativos que sustituyan este vacío.
• El empleo no es la vía de integración social para todas las personas. Es necesario destacar las dificultades que tienen algunas de las personas con situaciones de exclusión social más graves, para las que la inserción laboral no es una realidad posible en el corto plazo y que, en consecuencia, necesitarán de programas de apoyo y acompañamiento para una integración social que no pase necesariamente por la inserción laboral.
Notas
(1) Encuesta de población activa, Primer trimestre de 2021, Instituto Nacional de Estadística.
(2) Datos del paro registrado, comparativa con marzo de 2021. Servicio Público de Empleo Estatal.
(3) Datos de afiliación a la seguridad social. Marzo de 2021.Secretaría de estado de la seguridad social y pensiones.
(4) Centro Común de Investigación de la Comisión Europea: M. Fana, S. Tolan, S. Torrejón, C. Urzi Brancati, E. Fernández-Macías: «The COVID confinement measures and EU labour markets», EUR 30190 EN, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2020.